Además, la organización mantuvo reuniones con la ministra de Salud de la provincia, Claudia Palladino, con autoridades de ese ministerio, con el director de la maternidad, con profesionales de la salud y con organizaciones de la sociedad civil.
Barreras en el acceso a un derecho
Amnistia Internacional identificó la falta de disponibilidad de servicios suficientes para garantizar el acceso al aborto legal, ausencia de información en centros de salud y en el espacio público sobre dónde y cómo acceder a la práctica, violaciones sistemáticas a la confidencialidad médica y desconocimiento sobre el alcance legal de la objeción de conciencia.
Los testimonios dan cuenta de que, por la falta de información y el temor a la exposición, las mujeres no logran acceder a la práctica o exponen su vida y salud para hacerlo. El equipo se trasladó al departamento de Andalgalá, donde constató que no hay centros de salud públicos ni privados que garanticen el acceso a la práctica, como así tampoco información sobre dónde se podría acceder.
Mujeres y personas con capacidad de gestar deben recorrer cerca de cien kilómetros para llegar al centro de atención primaria de la salud más cercano que garantiza el acceso a la interrupción del embarazo y 185 kilómetros cuando requieren internación. En una zona montañosa llegar al único hospital garante de la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE e ILE) implica un viaje de 3 horas y media, lo que aumenta el riesgo en la salud de las pacientes.
En Andalgalá el aborto aún ocurre “en las sombras” y con falta de información. Pese a ser una problemática de salud pública, continúa invisibilizada. Una de las entrevistadas expresó: “lamentablemente aquí nada cambió desde la sanción de la ley”
Tras escuchar los testimonios de mujeres y las autoridades que coinciden en que el sector privado deniega el acceso a la IVE e incumple la ley, Amnistía Internacional presentó un pedido de acceso a la información pública ante la Obra Social de Empleados públicos de Catamarca (OSEP).
“Es inaceptable que después de la aprobación del derecho al aborto, muchas de las mujeres de Catamarca todavía no sean libres de decidir sobre su cuerpo. El Estado debe adoptar medidas concretas para el acceso a la interrupción del embarazo sea una realidad”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.
Reunión con la ministra de salud y autoridades
En una reunión con la ministra de Salud, Claudia Palladino, el secretario de Medicina Preventiva, Alejando Severini y la directora de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Verónica Di Giovanni, Amnistía Internacional destacó el trabajo del equipo que garantiza el acceso a ILE e IVE en la Maternidad Provincial 25 de Mayo, al tiempo que manifestó preocupación por las barreras señaladas.
La ministra se comprometió a difundir información para el acceso al aborto en los centros de salud; capacitar al personal médico sobre sus obligaciones legales y los procedimientos reconocidos por el protocolo para la atención integral de personas con derecho a la IVE e ILE para garantizar la práctica; asegurar el respeto de la confidencialidad médica; y a realizar relevamientos territoriales para fortalecer el acceso. Asimismo, informó que mediante resolución ministerial dejó sin efecto el registro de objetores de conciencia existente por no adecuarse a la nueva normativa. Amnistía Internacional resaltó el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil como una pieza clave en el trabajo para la implementación de la ley y propuso la conformación de un consejo asesor en salud sexual y reproductiva, que permita incorporar sus conocimientos al diseño de la política pública.
Amnistía Internacional seguirá recorriendo diversos puntos del país con el objetivo de monitorear el cumplimiento de la ley.
